Resumen: Los sindicatos presentan demanda de conflicto colectivo por no aplicar Bridgestone la mejora voluntaria de convenio colectivo por IT derivada de AT a los supuestos de IT derivada de COVID-19 alcanzando así el 100% de los conceptos retributivos que fija el art. 151 del CC aplicable como complemento de AT o EP. El INSS abonó a los trabajadores con contagio COVID o aislamiento la prestación por IT derivada de AT, la empresa aplicó la mejora de EC del art. 150 CC. La SAN desestimó la demanda porque no se está en el caso ante contingencia de AT o EP y la norma de aplicación COVID debe ser interpretada de forma estricta. La Sala IV ante la infracción denunciada de los arts. 37.1 CE, 3.1 b), 85 ET y 151 del convenio en relación con los arts. 1281-82 y 1288 CC. Argumentó teniendo en cuenta la norma de emergencia y las sucesivas redacciones del art. 5 RDLey 6/20, hasta cinco, siempre tratando como una situación asimilada al AT, y tomó la vigente al momento de los hechos enjuiciados. Razonó qué complementa el convenio y la finalidad de las mejoras voluntarias con régimen propio no siendo prestaciones de Seguridad Social sino con cargo a la empresa, no cabe hacer interpretación extensiva más allá de lo recogido en convenio colectivo y las situaciones asimiladas no son AT. Además el RD-Ley 6/2020 no extiende la asimilación a otras prestaciones. Apreció que el convenio fue suscrito después de producirse la pandemia, en junio de 2020 debe estarse a la voluntad de los pactantes. Desestima
Resumen: AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID. Procedimiento ordinario. Cesión ilegal de trabajadores.
Resumen: La cuestión suscitada consiste en determinar si la actora, contratada temporalmente en el marco del Programa de Fomento del Empleo y Medidas de Inserción Laboral en Andalucía, sufrió una discriminación salarial, así como el derecho a las diferencias salariales entre lo que percibió y lo previsto en el Convenio colectivo del Ayuntamiento de Almería para la categoría de auxiliar administrativo. La Sala IV desestima esta ultima cuestión por falta de contradicción entre las sentencias comparadas. Sin embargo, declara la vulneración del derecho a la igualdad retributiva y la nulidad de la conducta empresarial consistente en excluir a la trabajadora del ámbito de aplicación del citado convenio, así como la de abonar una retribución inferior a la que tiene derecho. Y ello porque ha quedado acreditado el ejercicio de funciones propias de un Auxiliar Administrativo, aunque no haya ocupado puesto de trabajo de la RPT, y el percibo de retribuciones salariales inferiores a las previstas convencionalmente, cuando a la actividad laboral realizada le resulta de aplicación el citado Convenio. Invertida la carga de la prueba, el demandado no opone justificación valida para sustentar el trato salarial diferente otorgado a la actora, trabajadora temporal perteneciente a un programa de fomento de empleo y que ha logrado probar el desempeño de funciones semejantes a las asignadas a la categoría profesional de auxiliar administrativo contemplada en la RPT del propio Ayuntamiento.
Resumen: Despido disciplinario durante el estado de alarma. Calificación. Disposición adicional 6ª RD Ley 8/2020. Falta de contradicción.
Resumen: Conflicto colectivo. Modificación sustancial de condiciones laborales. Falta de contradicción.
Resumen: Despido. Fraude en la contratación laboral, unidad esencial el vínculo, interrupción significativa. Antigüedad computable para el cálculo de la indemnización. Falta de contradicción.
Resumen: Auto no acumulación. Responsabilidad patrimonial por Covid-19.
Resumen: Auto no acumulación. Responsabilidad patrimonial por Covid-19.
Resumen: Excedencia voluntaria. Solicitud de reingreso. Existencia de vacantes de similar categoría. Falta de contradicción.
Resumen: No ha lugar al recurso interpuesto contra la desestimación del recurso de alzada nº 500/2021, de fecha 2 de diciembre de 2021, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se decreta el archivo de la diligencia 214/2021 instruida en virtud de denuncia contra el Juzgado de lo Penal nº 36 de Madrid La LOPJ desarrolla los artículos 106 y 121 CE y cuando el título de imputación es el anormal funcionamiento de la Administración de Justicia y cuando el título de imputación es el anormal funcionamiento de la Administración de Justicia han de englobarse en el mismo aquellas anomalías que, no siendo constitutivas de error judicial, y produciendo daño a las partes procesales o a terceros concernidos, se producen debido a un irregular funcionamiento objetivo -sin que sea necesario dolo o culpa por parte del agente causante- del proceso o en la actividad administrativa que sirve de soporte. Ahora bien, la reclamación por los daños causados como consecuencia del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia no exige una previa declaración judicial, sino que se formula directamente ante el Ministerio de Justicia, en los términos prevenidos en el artículo 292 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, trámite procedimental que, obviamente, no se ha seguido en este caso.
